Leyes que promoverá la MUD al tomar sus curules

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La coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática, informó cuál es su lista de prioridades legislativas una vez que los 112 diputados opositores electos, quienes forman la mayoría calificada dentro de la Asamblea Nacional y los 55 diputados del GPP tomen los curules el próximo 5 de enero de 2016.

El documento compartido en el portal web de la Unidad resume los enunciados y contendidos generales de las principales leyes y actuaciones legislativas que puede ejecutar la nueva Asamblea Nacional con mayoría opositora, “para lograr un cambio de rumbo sin demoras hacia una mejor calidad de vida”.

1.- Abastecimiento
La finalidad es dictar y/o reformar leyes que faciliten la distribución de productos esenciales y reformar o derogar normas que dificultan la circulación de bienes como La Ley de Seguridad Agroalimentaria y la Ley de Precios Justos. Los instrumentos más relevantes a considerar serían: Ley de Abastecimiento Pleno, Ley Marco para el Incremento de la Productividad y la Ley de Reversión Expropiatoria.

2.- Protección al Consumidor
Al promulgase la primera Ley de Precios Justos, se abandonó el sistema de protección al consumidor que existía en leyes anteriores. Actualmente los derechos del consumidor apenas están listados en la Ley de Precios Justos. Debido a ello es importante dictar una ley autónoma en esta materia sería una Ley de Protección y Educación al Consumidor.

3.- Seguridad Ciudadana
La inseguridad personal es uno de los problemas más graves que enfrenta a diario la ciudadanía en Venezuela, en especial quienes habitan en las zonas más populares. De hecho esta es quizás una de las primeras causas del éxodo de talentos y personas jóvenes de todos los estratos sociales. La solución a este problema es muy compleja y pasa por diversas áreas como prevención, mejoramiento laboral de los cuerpos policiales, e incluso un profunda reforma del sistema judicial. Sin embrago en lo inmediato, sería factible como primera medida dictar una Ley de Coordinación Policial.

4.- Salario
Ante una economía altamente inflacionaria, se hace imperioso promulgar un instrumento que permita la adecuación del salario al valor de los bienes y servicios, evitando el empobrecimiento de los asalariados. El instrumento sería la Ley de Protección Salarial y Anticipos de Prestaciones Sociales.

5.- Pensiones
La situación de las personas de tercera edad es lamentable y en un escenario de economía altamente inflacionaria, se hace necesario proteger a quienes ya no están en edad productiva y requieren ayuda del Estado para su sobrevivencia. La idea es dictar una Ley de Pensiones Universales No Contributivas.

6.- Servicios Públicos
Cada vez se hace más notaria la precariedad de los servicios públicos, en especial el agua potable, el servicio eléctrico, el transporte público, las telecomunicaciones, así como la infraestructura asociada a todos ellos. Para abordar con urgencia este tema se pueden impulsar los siguientes instrumentos, Ley de Descentralización y Asociaciones Estratégicas Para la Mejora de los Servicios Públicos, Ley de Asociaciones Público Privadas para el Desarrollo de obras Públicas, y la Ley de Medios de Comunicación Públicos y Comunales.

7.- Vivienda
Para complementar y la incitativa denominada Misión Vivienda y facilitar a los ciudadanos adquirir plena propiedad sobre viviendas dignas, sería posible promulgar una Ley de Impulso al Desarrollo de Viviendas y Ley de Fomento Arrendaticio.

8.- Corrupción
El patrimonio de la República se ha visto severamente afectado por prácticas corruptas que implican la comisión de delitos por parte de funcionario públicos y particulares. Para tratar de reversar ese daño al patrimonio de todos, se dictarían los siguientes instrumentos, Ley de Repatriación de Capitales Corruptos y Ley de transparencia en los procesos de contrataciones públicas.

9.- Presos Políticos
Es imperioso procurar la liberación de los presos políticos con la finalidad de crear condiciones de paz y entendimiento nacional. Para ello se propone dictar una Ley de Amnistía General y una Ley de Garantía de la Independencia del Poder Judicial.

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