Venezuela se encuentra en pleno debate sobre la Reforma Constitucional 2025, una iniciativa impulsada por el presidente Nicolás Maduro y presentada ante la Asamblea Nacional en enero de este año. El objetivo oficial es adaptar la Constitución de 1999 a las “nuevas realidades” del país, con una propuesta que contempla la modificación de al menos 80 artículos y que gira en torno a cuatro grandes ejes: democracia participativa, valores sociales, nuevo modelo económico y actualización del marco constitucional [1].
Artículos y Ámbitos que Podrían Modificarse
Aunque el texto definitivo aún está en discusión, las declaraciones oficiales y el primer borrador presentado por el Ejecutivo permiten identificar los principales cambios:
- Democracia participativa y poder comunal: Se propone la inclusión del Poder Comunal, Social y Popular como nuevo nivel de gobierno, redefiniendo la relación entre gobernaciones, alcaldías y comunidades organizadas. Se formalizarían mecanismos de participación directa como asambleas ciudadanas y consultas populares [5].
- Valores y principios sociales: El proyecto busca incorporar el humanismo y el nacionalismo revolucionario como pilares ideológicos, así como un enfoque en la defensa frente a amenazas externas y el “fascismo” [6].
- Nuevo modelo económico: Se plantea promover la diversificación productiva y la autosuficiencia, reduciendo la dependencia petrolera y estimulando sectores como la agricultura, la tecnología y las industrias básicas.
- Actualización del Estado: El proyecto contempla la modernización de la estructura administrativa y jurídica, y el fortalecimiento de la soberanía nacional y los mecanismos de defensa integral [2].
Proceso Oficial de Reforma Constitucional
El procedimiento para modificar la Carta Magna está regulado por los artículos 342-346 de la Constitución venezolana y consta de varias etapas [3]:
- Iniciativa: La reforma puede ser propuesta por la Asamblea Nacional (mayoría simple), el presidente en Consejo de Ministros, o por al menos el 15% del electorado (unos 3,2 millones de ciudadanos).
- Discusión parlamentaria: El proyecto se somete a tres debates en la Asamblea Nacional: una discusión general, una por títulos/capítulos y otra artículo por artículo. Para su aprobación, requiere el voto de dos tercios de los diputados.
- Referendo aprobatorio: Si la AN aprueba la reforma, debe someterse a referendo popular dentro de los 30 días siguientes. La reforma se considera aprobada si obtiene mayoría simple de votos a favor.
- Promulgación: El presidente está obligado a promulgar la reforma en un plazo de 10 días tras el referendo. Si la rechaza, no podrá presentarse de nuevo en el mismo período constitucional.
Actualmente, una comisión especial liderada por el fiscal general Tarek William Saab tiene el encargo de elaborar el borrador definitivo, con un plazo de 90 días para su presentación [1].
Consecuencias para los Derechos Ciudadanos
- Ampliación de la participación política: El poder comunal tendría un papel más relevante en la toma de decisiones locales, y se formalizarían mecanismos de consulta directa como referendos y asambleas.
- Protección de la soberanía y seguridad nacional: Se refuerzan medidas para contrarrestar sanciones internacionales y “amenazas al sistema democrático”.
- Nuevos derechos sociales y económicos: Se plantea el acceso universal a servicios básicos como educación, salud y vivienda, y se impulsa la economía productiva y el apoyo a emprendimientos locales [5].
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Qué diferencia esta reforma de la de 2007?
La reforma de 2007, rechazada en referendo, buscaba la reelección indefinida y mayor centralización del poder. La actual prioriza la inclusión del poder comunal y la diversificación económica [6].
¿Cómo afectará a las gobernaciones y alcaldías?
Se plantea una transformación de estas estructuras para integrarlas al sistema de democracia participativa, aunque los detalles aún no se han hecho públicos [5].
¿Cuándo entraría en vigor la reforma?
Depende de la aprobación en la Asamblea Nacional y el referendo. Si se cumple el cronograma oficial, podría promulgarse en 2026 [3].
Conclusión
La Reforma Constitucional en Venezuela 2025 representa un esfuerzo por adaptar el marco jurídico a los desafíos actuales, con énfasis en la participación ciudadana y la soberanía nacional. Si bien sus defensores destacan su potencial para fortalecer la democracia y ampliar derechos, su implementación y legitimidad dependerán del diálogo nacional y del respaldo popular en el referendo. El debate sigue abierto, y el desenlace marcará el rumbo político e institucional del país en los próximos años.
