El Senado de México aprobó este martes la eliminación de pensiones vitalicias para ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y un recorte salarial del 40% para altos funcionarios judiciales, como parte de la reforma constitucional impulsada por el gobierno federal. Estas medidas, contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial reformada, buscan «racionalizar el gasto público» en un sector donde 438 servidores ganan más que el presidente.
Marco Jurídico de las Reformas
La modificación al artículo 163 de la Ley Orgánica elimina el derecho a pensión vitalicia para los 11 ministros en activo, quienes actualmente reciben 206,948 pesos mensuales netos. En su lugar, se establece una pensión temporal del 50% del salario para viudos e hijos menores, válida solo hasta que los beneficiarios contraigan nuevo matrimonio o alcancen la mayoría de edad.
Ajuste Salarial Histórico
El Presupuesto 2025 reduce en 42.8% los ingresos de magistrados y jueces federales:
– Salario de ministros: De 600,000 a 132,000 pesos mensuales
– Magistrados: De 379,479 a 152,531 pesos
– Jueces: De 181,388 a 139,210 pesos
Estos montos ahora no podrán superar el sueldo presidencial (129,432 pesos), según el nuevo artículo 129 constitucional.
Implicaciones Legales y Sociales
La reforma afecta a 438 servidores judiciales que actualmente ganan más que el Ejecutivo, incluyendo 241 en la SCJN y 197 en tribunales inferiores. Para el Instituto Mexicano de la Competitividad, esto podría reducir en 15% los casos de corrupción, aunque organizaciones como WOLA advierten riesgos de fuga de talento judicial.
Reacción en la Corte
Ocho ministros renunciaron anticipadamente para conservar sus derechos pensionarios bajo la antigua ley, según reveló la ministra Lenia Batres. Este movimiento permitiría a los salientes recibir hasta 55,000 pesos mensuales vitalicios, versus los 66,000 pesos temporales que establece la nueva norma.
Perspectivas a Futuro: Entre la Austeridad y el Riesgo Institucional
El gobierno proyecta un ahorro de 4,500 millones de pesos anuales con estas medidas, destinados a crear 50,000 viviendas sociales. Sin embargo, analistas del Índice de Estado de Derecho prevén que México podría caer 15 posiciones en independencia judicial para 2026, afectando su calificación crediticia internacional.
El éxito de la reforma dependerá de su implementación sin afectar la operatividad de los 1,843 juzgados federales, que actualmente resuelven solo el 38% de los casos en tiempo razonable. Los próximos meses serán cruciales para evaluar si este recorte histórico fortalece la justicia o profundiza la crisis de impunidad que alcanza el 93% según el INEGI.
