El Gobierno español ha implementado cambios sustanciales en los procedimientos de desahucio mediante la Ley Orgánica 1/2025, equilibrando derechos de propietarios e inquilinos. La normativa, vigente desde abril de 2025, introduce mediación obligatoria previa y amplía las suspensiones para casos de vulnerabilidad hasta diciembre de 2025, marcando un hito en la protección jurídica del derecho a la vivienda.
Nuevo Marco Legal para Desahucios
El artículo 403.2 de la LEC exige ahora como requisito de admisibilidad la justificación de intentos de mediación o conciliación previos. Los propietarios deben acreditar haber utilizado Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) como ofertas vinculantes confidenciales (OVC) antes de presentar demanda, bajo pena de inadmisión procesal.
Plazos y Requisitos Ampliados
La Ley 12/2023 prorroga hasta el 31/12/2025 la suspensión de desahucios para hogares vulnerables, definidos como aquellos cuyos ingresos no superan el triple del IPREM (≈2.500€/mes para familia de cuatro miembros). Los jueces deben considerar informes de servicios sociales y ofrecer alternativas habitacionales antes de autorizar lanzamientos.
Procedimientos Judiciales Acelerados
Los juicios rápidos para usurpación de vivienda se reducen a 15 días según el artículo 795 LECrim. En casos de okupación en viviendas principales, la policía puede actuar sin orden judicial, mientras que para segundas residencias se mantiene el requerimiento de autorización judicial exprés en 72 horas.
Enervación del Desahucio: Derecho Ampliado
Los inquilinos pueden enervar el proceso pagando la deuda acumulada hasta 10 días antes del juicio, incluso tras recibir la demanda. Este derecho solo puede ejercerse una vez por contrato y excluye casos con requerimiento fehaciente previo de más de 30 días sin respuesta.
Protecciones Reforzadas para Vulnerables
El Real Decreto-Ley 1/2025 establece compensaciones estatales del 50% de la renta impagada para propietarios que suspendan desahucios de hogares vulnerables. Paralelamente, se crea un fondo de avales públicos que cubre hasta 12 mensualidades de alquiler para jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores a 24.000€ anuales.
Obligaciones Notariales y Registrales
Los grandes tenedores (>10 propiedades) deben registrar contratos en el Registro Digital de Alquileres, detallando estado de conservación y certificados energéticos. El incumplimiento conlleva multas de hasta 150.000€ y prohibición temporal de alquilar.
Perspectivas a Futuro: Equilibrio en Disputa
La suspensión extendida de desahucios hasta 2025 genera debate sobre su impacto en el mercado de alquiler. Analistas proyectan reducción del 15% en inversión residencial, mientras el Gobierno anuncia planes para construir 50,000 viviendas sociales mediante expropiaciones temporales en zonas tensionadas.
La efectividad de estas medidas dependerá de la implementación coordinada entre juzgados, servicios sociales y entidades financieras. Los próximos meses serán clave para evaluar si este marco legal logra conciliar protección social con seguridad jurídica en el sector inmobiliario español.
