España ha dado un paso significativo en su política migratoria con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería. Esta reforma, que busca regularizar a cerca de 900.000 personas en los próximos tres años, introduce cambios sustanciales en los procedimientos de residencia y trabajo para extranjeros, aunque no está exenta de críticas por parte de organizaciones sociales.
¿Qué es el Reglamento de Extranjería y por qué ha sido reformado?
El Reglamento de Extranjería regula las condiciones y procedimientos para que las personas extranjeras puedan residir, trabajar y regularizar su situación en España. También establece las vías legales para entrar en el país y define los derechos y deberes tanto de las personas migrantes como de las instituciones encargadas de gestionar su integración.
El Real Decreto 1155/2024, publicado el 20 de noviembre de 2024 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aprueba el nuevo Reglamento que entró en vigor el 20 de mayo de 2025, derogando el anterior Real Decreto 557/2011 que llevaba vigente desde 2011.
Según el Gobierno español, esta reforma responde a la necesidad de adaptar la normativa a las nuevas realidades sociales, económicas y demográficas del país. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha definido esta reforma como «ambiciosa» y orientada a una perspectiva de defensa de los derechos humanos.
Además, la reforma busca dar respuesta a las necesidades del mercado laboral español. Como señaló la ministra Saiz: «Para sostener el Estado del bienestar, España necesita incorporar entre 200.000 y 250.000 migrantes anualmente a su mercado laboral hasta 2050».
Objetivos principales de la reforma
El nuevo Reglamento persigue varios objetivos fundamentales:
- Reducir la burocracia documental y evitar duplicidades
- Agilizar plazos de resolución, especialmente en casos de reagrupación familiar y permisos por arraigo
- Garantizar una mayor seguridad jurídica en las diferentes autorizaciones
- Reforzar los derechos de las personas migrantes en consonancia con el derecho de la Unión Europea
- Simplificar y modernizar la normativa existente en materia de extranjería
- Proporcionar mayor estabilidad con autorizaciones iniciales más duraderas
Principales novedades del Real Decreto 1155/2024
La reforma introduce cambios significativos que afectan a diversos aspectos de la política migratoria española. Entre las modificaciones más relevantes destacan las nuevas modalidades de arraigo, los cambios en visados y autorizaciones, y las mejoras en reagrupación familiar.
Nuevas modalidades de arraigo
El arraigo es una de las formas más comunes para que las personas en situación irregular regularicen su residencia en España. Con la reforma, se establecen cinco tipos de arraigo:
- Arraigo social: La vía tradicional, ahora con requisitos simplificados
- Arraigo sociolaboral: Para quienes demuestren inserción en el mercado laboral
- Arraigo socioformativo: Dirigido a quienes realicen formación reglada en España
- Arraigo familiar: Para familiares de residentes legales o españoles
- Arraigo de segunda oportunidad: Pensado para personas con solicitudes de asilo denegadas y en situación irregular
Una de las modificaciones más importantes es la reducción del tiempo de permanencia necesario para acceder al arraigo, que pasa de tres a dos años, lo que facilita la regularización de miles de personas.
Cambios en visados y autorizaciones de residencia
El nuevo Reglamento introduce importantes novedades en el sistema de visados y permisos de residencia:
- Ampliación del visado para búsqueda de empleo a un año (antes era de tres meses)
- Todas las autorizaciones iniciales de residencia serán de un año
- Las renovaciones tendrán una validez de cuatro años, reduciendo trámites administrativos
- Nueva figura específica para «familiares de ciudadano español», con una regulación más clara y favorable
- Reintroducción del permiso para trabajadores de temporada, ahora con vigencia de hasta 4 años
También se incluyen nuevas protecciones para colectivos vulnerables como víctimas de violencia sexual y menores desplazados.
Mejoras para estudiantes extranjeros
Los cambios para estudiantes internacionales son significativos:
Los estudiantes contarán con una autorización de estancia por estudios que durará el mismo tiempo que su formación, evitando renovaciones innecesarias. Además, mientras estudian, podrán trabajar hasta 30 horas semanales, facilitando su sostenimiento económico.
Otro avance importante es la creación de una vía rápida para poder enlazar con una autorización de trabajo una vez finalizados los estudios, lo que favorece la retención de talento internacional.
Cambios en los plazos de tramitación
El nuevo reglamento fija plazos más breves para la resolución de trámites:
- 1 mes: Permisos para actividades de temporada y menores extranjeros
- 2 meses: Reagrupación familiar y residencia como familiar de ciudadano español
- 3 meses: Resolución general de solicitudes
Esta reducción de plazos busca agilizar los procedimientos y mejorar la eficiencia administrativa, proporcionando mayor seguridad jurídica a los solicitantes.
Impacto esperado en la población migrante
El Gobierno español ha manifestado que con esta reforma espera regularizar a aproximadamente 900.000 personas en los próximos tres años. Esta medida tendría un impacto significativo no solo en la vida de los migrantes, sino también en la economía y el sistema de bienestar español.
La ministra Elma Saiz ha destacado que la reforma «permitirá aclarar las vías de llegada y residencia en España» y «garantizar los derechos de las personas migrantes, pero también sus deberes».
Entre los beneficiarios directos de estas medidas se encuentran:
- Personas que llevan al menos dos años en España en situación irregular
- Familiares de ciudadanos españoles, incluidos aquellos que han obtenido la nacionalidad recientemente
- Estudiantes extranjeros que desean permanecer en España tras sus estudios
- Parejas no registradas oficialmente, incluidas parejas del mismo sexo procedentes de países donde no pueden registrarse como tales
Según el Ministerio de Inclusión, «la mayoría de las personas que se van a beneficiar de la nueva regulación del arraigo familiar son personas que han obtenido la nacionalidad española y pueden traerse a su familia». Cabe destacar que más de 240.000 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española solo en 2023.
Controversias y críticas al nuevo reglamento
A pesar de las mejoras prometidas, el nuevo reglamento ha recibido críticas de varias organizaciones sociales y del Defensor del Pueblo.
Posición de las ONGs
Diversas organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Coordinadora de Barrios, Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes han recurrido el reglamento ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado.
Según estas organizaciones, la reforma «ha supuesto una tremenda decepción» en algunos aspectos, especialmente por su impacto en solicitantes de asilo y colectivos vulnerables.
Impacto en solicitantes de protección internacional
Uno de los puntos más controvertidos es que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará como periodo válido para acceder al arraigo.
Esto significa que, una vez denegada una solicitud de asilo, la persona quedará en situación administrativa irregular y deberá permanecer en ella durante al menos dos años antes de poder optar a alguna de las vías de regularización previstas en la Ley.
Esta medida ha llevado a muchos solicitantes, buena parte de ellos latinoamericanos, a renunciar a sus solicitudes de asilo para no quedar en situación de irregularidad durante este tiempo. Venezuela y Colombia representaron en 2024 el 63% de los solicitantes de asilo en España, con 66.134 y 40.140 solicitudes, respectivamente.
Advertencias del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo ha advertido, a través de un informe registrado en las Cortes Generales, que la entrada en vigor del reglamento «podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores», lo que supone un riesgo importante para uno de los colectivos más vulnerables.
Preguntas frecuentes sobre el nuevo Reglamento de Extranjería
¿Cuándo entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería?
El nuevo Reglamento de Extranjería entró en vigor el 20 de mayo de 2025, seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que se produjo el 20 de noviembre de 2024.
¿Qué ocurre con las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor?
Las solicitudes presentadas hasta las 23:59 horas del 19 de mayo de 2025 se tramitarán según el reglamento anterior (RD 557/2011). A partir del 20 de mayo, todas las solicitudes se rigen por el nuevo reglamento.
¿Cuánto tiempo se necesita ahora para acceder al arraigo?
Con el nuevo reglamento, se ha reducido de tres a dos años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a las diferentes modalidades de arraigo.
¿Qué ocurre con los solicitantes de asilo cuyas peticiones sean rechazadas?
El tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará para acceder al arraigo. Esto significa que, tras la denegación de la solicitud, la persona quedará en situación irregular y deberá permanecer así durante al menos dos años antes de poder regularizarse por arraigo.
¿Cómo afecta el nuevo reglamento a los estudiantes extranjeros?
Los estudiantes contarán con una autorización de estancia por el tiempo que dure su formación, podrán trabajar hasta 30 horas semanales mientras estudian y tendrán una vía rápida para enlazar con un permiso de trabajo al finalizar sus estudios.
¿Qué nuevos tipos de arraigo contempla el reglamento?
El reglamento establece cinco tipos de arraigo: social, sociolaboral, socioformativo, familiar y de segunda oportunidad (este último específico para solicitantes de asilo denegados).
Implicaciones prácticas para los extranjeros en España
El nuevo reglamento supone cambios significativos en la vida cotidiana de las personas extranjeras en España, tanto en trámites administrativos como en derechos y oportunidades.
Simplificación de procedimientos
Una de las ventajas más importantes es la reducción de trámites burocráticos, documentación exigida y tiempos de espera. Los permisos iniciales serán de un año y las renovaciones de cuatro años, proporcionando mayor estabilidad.
Además, se han establecido plazos máximos de resolución más breves (entre 1 y 3 meses según el tipo de trámite), lo que agilizará considerablemente los procedimientos.
Integración laboral y formativa
El nuevo marco normativo facilita la incorporación de personas extranjeras al mercado laboral español, respondiendo a necesidades sectoriales específicas. La ampliación del visado para búsqueda de empleo a un año y las mayores facilidades para estudiantes son ejemplos claros de esta orientación.
También se potencia la formación como vía de integración, con el nuevo arraigo socioformativo y las facilidades para estudiantes extranjeros, que podrán trabajar hasta 30 horas semanales mientras estudian.
Reagrupación familiar
La reforma facilita la reagrupación familiar, con una autorización específica para familiares de españoles y la ampliación de la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años.
También contempla la reagrupación de parejas que no sean matrimonios ni parejas de hecho, pero puedan acreditar «una relación afectiva análoga», lo que beneficia especialmente a parejas no heterosexuales de países donde no pueden registrarse como tales.
Conclusiones y perspectivas de futuro
El nuevo Reglamento de Extranjería representa un intento del Gobierno español de adaptar su política migratoria a las realidades actuales, simplificando procedimientos y facilitando la regularización de cientos de miles de personas.
Esta reforma sitúa a España en una posición diferenciada respecto a otros países de su entorno, que han adoptado políticas migratorias más restrictivas en los últimos años.
Sin embargo, las controversias y críticas recibidas, especialmente en lo relativo al tratamiento de los solicitantes de asilo y la protección de menores, plantean dudas sobre el impacto real que tendrá esta reforma en algunos de los colectivos más vulnerables.
El éxito de esta reforma dependerá no solo de su implementación técnica, sino también de los recursos destinados a garantizar una gestión eficiente de los procedimientos y una verdadera integración social y laboral de las personas migrantes en la sociedad española.
Los próximos tres años serán clave para determinar si se cumplen las expectativas gubernamentales de regularizar a 900.000 personas y si esta regularización contribuye efectivamente al desarrollo económico y social del país, tal como sostiene el Gobierno.
Mientras tanto, organizaciones sociales, abogados especializados y el propio Defensor del Pueblo continuarán vigilantes para garantizar que esta reforma no deje desprotegidos a los colectivos más vulnerables y cumpla realmente con su objetivo de proporcionar vías legales y seguras para la migración.