La Reforma Constitucional al Poder Judicial, vigente desde septiembre de 2024, ha creado dos nuevas entidades sin precedentes en México: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, que sustituyen al Consejo de la Judicatura Federal. Estos cambios, impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, buscan «democratizar la justicia» pero enfrentan críticas por riesgos de politización, según organizaciones internacionales.
Marco Jurídico de los Nuevos Órganos
El artículo 94 constitucional reformado establece que el Órgano de Administración Judicial gestionará el presupuesto (aproximadamente 72,000 millones de pesos en 2025) y supervisará la carrera de 7,418 servidores judiciales. Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial podrá investigar y sancionar con multas de hasta 900,000 pesos o destitución a jueces y magistrados, según el Decreto publicado en el DOF.
Composición y Facultades Clave
El Tribunal de Disciplina estará integrado por cinco magistrados electos popularmente cada seis años, con capacidad para:
- Recibir denuncias ciudadanas contra jueces
- Solicitar juicios políticos contra ministros de la Corte
- Evaluar el desempeño judicial anual
Mientras, el Órgano de Administración –controlado por tres designados de la Corte, uno del Ejecutivo y otro del Legislativo– centralizará la asignación de casos y la capacitación de 2,300 jueces en activo.
Impacto en la Independencia Judicial
El nuevo modelo ha generado debate entre expertos. Para el Laboratorio de Berkeley, la elección popular de fiscales judiciales podría vulnerar el principio de separación de poderes. Datos del Índice de Estado de Derecho 2024 muestran que México ocupa el puesto 115/142 en independencia judicial, lo que preocupa a inversionistas extranjeros.
Mecanismos de Control Controversiales
La reforma permite al Tribunal de Disciplina:
- Intervenir en sentencias consideradas «contrarias al interés social»
- Revisar expedientes sin consentimiento del juez
- Establecer cuotas máximas de casos resueltos por tribunal
Estas facultades, según asociaciones de abogados internacionales, podrían usarse para presionar a jueces en casos sensibles contra el gobierno.
Retos Operativos y Presupuestales
El presupuesto asignado para los nuevos órganos es de 4,500 millones de pesos anuales, pero expertos señalan que se necesitarían 9,200 millones para cubrir la digitalización de 1,843 juzgados. Además, el 68% de los procesos disciplinarios iniciados en 2024 carecían de sustento legal claro, según datos del IMCO.
Capacitación y Estándares Éticos
El Órgano de Administración deberá implementar hasta 2026:
- Programas de formación en derechos humanos para 12,000 empleados
- Sistemas antifraude en compras públicas judiciales
- Protocolos de transparencia proactiva en 32 entidades
Sin embargo, solo el 23% de los jueces federales cuenta con certificación en estándares internacionales, según la Unión Iberoamericana de Magistrados.
Perspectivas a Futuro: Entre la Esperanza y el Escepticismo
La OCDE proyecta que estas reformas podrían reducir hasta un 15% la inversión extranjera en México si generan percepción de injerencia política. No obstante, el gobierno federal argumenta que los nuevos órganos eliminarán el 40% de los casos de corrupción judicial para 2027. El éxito dependerá de la capacidad para equilibrar rendición de cuentas con autonomía funcional, en un país donde el 83% de la población desconfía del sistema judicial según la ENSU 2024.
