Impuesto a las Remesas en EE.UU.: Tormenta Legal y Económica para la Comunidad Migrante

May 28, 2025 | USA, Migración

Alicia Marcano

La aprobación en la Cámara de Representantes de un impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas por migrantes no ciudadanos ha desatado un terremoto jurídico y económico. Esta medida, incluida en el One Big Beautiful Bill de Donald Trump, afectaría directamente a 40 millones de personas y alteraría flujos económicos transfronterizos.

Arquitectura Legal del Gravamen

El impuesto aplicaría a titulares de green cards, visas temporales e indocumentados, según el texto aprobado. La exención solo protege a ciudadanos y nacionales estadounidenses, creando un «estatus fiscal de segunda clase» según análisis jurídicos. Proveedores como Western Union deberán retener el tributo bajo pena de multas del IRS.

Impacto en América Latina: México en la Mira

México sufriría el 96% del impacto, con pérdidas estimadas en $2,700 millones anuales. Estados como Guerrero y Michoacán, donde las remesas representan hasta el 15% del PIB local, enfrentarían crisis sociales según datos del Banxico. Para Honduras y El Salvador, este tributo equivaldría a perder el 2% de su PIB regional.

Batalla Legal: Doble Tributación y Discriminación

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum alega violación al T-MEC por doble imposición, ya que los migrantes pagan income tax. Organizaciones como Amnistía Internacional preparan demandas por discriminación racial, argumentando que el 89% de afectados son latinos.

Mercado Negro y Criptomonedas: Efecto Boomerang

Plataformas como Binance reportan aumento del 40% en transacciones P2P desde la aprobación inicial. Expertos del Banco Base advierten que hasta el 30% de las remesas podrían migrar a canales informales, reduciendo la recaudación proyectada de $22,000 millones.

Perspectivas Jurídicas y Económicas

El Senado estadounidense tiene hasta septiembre para modificar o rechazar la medida. Lobbies como la U.S. Chamber of Commerce presionan para excluir a residentes legales. Paralelamente, México evalúa contramedidas como exenciones fiscales a empresas remesadoras que operen en su territorio.

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