En 2025, la Ley de Servicios Digitales (DSA) se aplica de manera plena en España, imponiendo nuevas responsabilidades a redes sociales, buscadores y marketplaces. Las plataformas deben retirar contenidos ilícitos con rapidez, ofrecer canales de denuncia accesibles y garantizar la transparencia de sus algoritmos. Además, los consumidores online cuentan con derechos reforzados y existe un régimen sancionador riguroso para asegurar un entorno digital más seguro y equitativo.
Obligaciones de las plataformas según la DSA
- Eliminación de contenidos ilegales: Retirada ágil de noticias falsas, discursos de odio o productos falsificados tras notificación válida [1].
- Mecanismos de denuncia: Canales claros y sencillos para reportar contenidos ilícitos, con respuesta en plazos breves [2].
- Protección de derechos fundamentales: Respeto a la libertad de expresión, privacidad y otros derechos básicos de los usuarios.
- Transparencia de servicios: Información clara sobre condiciones de uso, restricciones y actividad de la plataforma [3].
- Punto único de contacto: Canal oficial para usuarios y autoridades que centraliza las comunicaciones y gestiona incidencias.
- Evaluación de riesgos: Auditorías periódicas y planes de mitigación para plataformas de gran tamaño [1].
Denuncia de contenidos ilícitos y publicidad engañosa
- Reportar directamente: Usar el botón de “Reportar” en la propia plataforma, indicando motivos y aportando pruebas como capturas de pantalla [4].
- Recolección de evidencias: Guardar enlaces, mensajes y cualquier comunicación relevante.
- Contacto con el anunciante: Intentar resolver directamente con el vendedor o creador del contenido.
- Reclamación oficial: Acudir a la AECOSAN, juntas arbitrales de consumo o la OMIC si la plataforma no responde [6].
- Valor contractual: La publicidad forma parte del contrato y los consumidores pueden exigir cumplimiento o rectificación.
Transparencia algorítmica
- Explicación de algoritmos: Detalle del funcionamiento de sistemas de recomendación y personalización [5].
- Alternativa sin personalización: Opción para desactivar la personalización de contenidos.
- Auditorías externas: Evaluaciones independientes para detectar sesgos y riesgos en plataformas de gran tamaño.
- Supervisión de ECAT: El Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica, con sede en Sevilla, vigila el cumplimiento [5].
Protección del consumidor online
- Información clara: Detalles sobre precios, impuestos, condiciones de pago, entrega y devoluciones [2].
- Derecho de desistimiento: Cancelación sin penalización en un plazo de 14 días desde la recepción del producto [6].
- Seguridad en las transacciones: Protección frente a productos defectuosos y confidencialidad de datos (RGPD).
- Prácticas desleales: Prohibición de publicidad engañosa y comerciales agresivas, con derecho a indemnización.
Sanciones y supervisión
- Multas económicas: Hasta 30.000 € por infracciones leves y hasta el 6 % del volumen de negocio anual mundial por infracciones muy graves [7].
- Obligación de rectificación: Retirada o corrección de contenidos ilícitos y publicación de anuncios rectificativos [4].
- Daño reputacional: Publicación de incumplimientos que afecta la imagen de la plataforma.
- Supervisión de la CNMC: Coordinación y control del cumplimiento de la DSA en España, incluyendo un registro público de medios digitales [2].
Preguntas frecuentes
¿A qué plataformas afecta la DSA?
A todas las plataformas digitales que operan en la UE: redes sociales, buscadores, marketplaces y servicios de alojamiento de contenidos [8].
¿Cómo denuncio contenido ilegal?
Usa el sistema de denuncia de la plataforma, recopila pruebas y, si no recibes respuesta, acude a la AECOSAN, OMIC o juntas arbitrales [4].
¿Puedo conocer cómo funcionan los algoritmos?
Sí, la ley obliga a detallar el funcionamiento de los sistemas de recomendación y ofrecer una versión sin personalización [5].
Ejemplo práctico
Un usuario detecta un anuncio engañoso en una red social que promete un producto milagroso. Tras reportarlo, la plataforma debe retirarlo en un plazo breve. Si no actúa, el usuario recopila capturas y reclama ante la AECOSAN, que puede imponer una multa y ordenar la corrección del contenido.
Conclusión
La aplicación plena de la DSA en España refuerza la protección de los usuarios, la transparencia de las plataformas y el rol de la CNMC como supervisor. Conocer estas obligaciones y derechos permite navegar con confianza y exigir el cumplimiento de la normativa digital.
