El Departamento de Justicia de EE.UU. inició el 10 de mayo de 2025 la polémica Operación «Ángel Guardián», un plan estratégico para eludir las protecciones migratorias del estado de California y facilitar deportaciones masivas de migrantes indocumentados con antecedentes penales. Esta medida marca el punto álgido en la pugna entre la administración Trump y el estado dorado, que desde 2017 mantiene leyes que limitan la cooperación con autoridades federales de inmigración.
Claves Jurídicas del Enfrentamiento Federal-Estatal
Base Legal de las Políticas Santuario
California opera bajo la SB 54 (Ley de Valores de California), aprobada en 2017, que prohíbe a las fuerzas del orden locales:
- Compartir información migratoria con ICE
- Detener personas solo por estatus migratorio
- Participar en operativos federales de deportación
Esta legislación ha sido respaldada por fallos judiciales, incluyendo una orden de 2025 del juez William Orrick que prohíbe retener fondos federales a ciudades santuario.
Mecanismos de la Operación «Ángel Guardián»
La estrategia federal, dirigida por el fiscal Bill Essayli, utiliza un vacío legal:
- Agentes de ICE, FBI y DEA revisan diariamente bases de datos penales estatales
- Emiten órdenes de arresto federales por reingreso ilegal (8 U.S.C. §1326)
- Coordinan traslados desde cárceles locales antes de la liberación
En sus primeros 10 días, la operación logró 87 arrestos en el sur de California, principalmente en Los Ángeles y Riverside.
Impacto Demográfico y Social
Población en Riesgo
De los 1.5 millones de indocumentados en California, las autoridades priorizan a:
- Expulsados previamente con órdenes de deportación (23% del total)
- Reincidentes con más de 3 arrestos (17,000 casos identificados)
- Miembros de pandillas transnacionales (MS-13, Tren de Aragua)
Casos Emblemáticos
El fiscal Essayli citó el caso de José Saravia-Sánchez, deportado en 2013 y arrestado 11 veces por robos antes de asesinar a un civil en 2025. «Las leyes santuario lo protegieron hasta que fue demasiado tarde», afirmó.
Reacciones Institucionales y Comunitarias
Postura del Gobierno Estatal
El gobernador Gavin Newsom denunció «una cacería humana inconstitucional», anunciando recursos legales para bloquear el operativo. La Procuraduría de California estudia cargos por obstrucción a la justicia estatal.
Organizaciones Civiles en Alerta
La Coalición por Derechos Migrantes activó redes de apoyo en 45 ciudades, ofreciendo:
- Asesoría legal gratuita las 24 horas
- Albergues temporales con protección geográfica
- Talleres sobre derechos ante registros
Antecedentes y Contexto Político
Historial de Enfrentamientos
Este operativo es el cuarto intento federal por neutralizar las políticas santuario:
- 2017: Intento fallido de retener fondos federales
- 2021: Demandas contra la SB 54 rechazadas por la Corte Suprema
- 2023: Operación «Safe Streets» con 214 deportaciones
Balance Electoral
Analistas vinculan el operativo con las elecciones de 2026, donde California podría perder 2 escaños en la Cámara Baja por baja tasa de respuesta censal en comunidades migrantes.
Perspectivas a Futuro
Expansión del Modelo
El Departamento de Justicia planea replicar la operación en:
- Nueva York (julio 2025)
- Illinois (septiembre 2025)
- Colorado (enero 2026)
Proyectos Legislativos
El Congreso debate la HR 7024 que busca:
- Triplicar fondos para operativos migratorios
- Crear tribunales federales móviles en fronteras
- Establecer cuotas mínimas de deportaciones
Impacto en Relaciones Internacionales
México y Centroamérica activaron protocolos de contingencia, anticipando un posible aumento de deportaciones masivas. La Cancillería mexicana estima recibir 45,000 repatriados adicionales en 2025.
Innovaciones Tecnológicas
ICE implementará para 2026 un sistema de reconocimiento facial en cárceles estatales, con capacidad para escanear 500,000 registros diarios y detectar migrantes deportables automáticamente.
