El Partido Popular ha desatado un intenso debate institucional al presentar una proposición de ley que obligaría al Consejo de Estado a publicar todos sus dictámenes sobre proyectos normativos. Esta iniciativa, registrada el 26 de abril de 2025, busca ampliar la transparencia en los procesos legislativos españoles, aunque ha encontrado resistencia en el Gobierno y dividido opiniones entre juristas.
Claves de la reforma propuesta por el Partido Popular
Nuevas obligaciones de publicación
La iniciativa popular modifica la Ley Orgánica 3/1980 para establecer que el Consejo de Estado deberá publicar «todos los dictámenes, informes y estudios que realice en el ejercicio de sus funciones consultivas». Esto incluye especialmente aquellos que formen parte de expedientes legislativos o de reforma constitucional.
El texto legal especifica que la publicación deberá realizarse en el Boletín Oficial del Estado y en la página web institucional, garantizando el acceso permanente y gratuito. Los documentos deberán incluir versiones accesibles y lenguaje claro para facilitar su comprensión ciudadana.
Ampliación del concepto de transparencia activa
La proposición de ley incorpora un nuevo artículo que obliga al Consejo de Estado a publicar periódicamente «toda información relevante sobre su funcionamiento y actividad consultiva». Esto incluiría estadísticas detalladas sobre tipos de consultas, tiempos de respuesta y seguimiento de sus recomendaciones por parte del Gobierno.
Posicionamiento político e institucional
Argumentos del Partido Popular
Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz parlamentaria, sostiene que «la opacidad en los dictámenes debilita el control democrático». El PP alega que solo el 12% de los dictámenes sobre decretos-ley se han publicado desde 2015, creando un «agujero negro» en la rendición de cuentas.
Reacción del Gobierno
El Ejecutivo socialista ha calificado la propuesta de «intromisión en la independencia del Consejo de Estado». Fuentes gubernamentales citadas en medios destacan que el actual sistema ya permite el acceso mediante solicitudes de transparencia, aunque reconocen retrasos en las respuestas.
Postura del Consejo de Estado
Fuentes internas del órgano consultivo han expresado preocupación por la «judicialización de sus funciones». Actualmente, el 68% de sus dictámenes son consultas preceptivas sobre reglamentos, mientras que solo el 15% se refieren a proyectos de ley.
Análisis jurídico de la propuesta
Vacíos legales actuales
La Ley 19/2013 de Transparencia no incluye expresamente al Consejo de Estado entre los sujetos obligados. Esto ha generado una práctica dispar: mientras algunos dictámenes se publican automáticamente, otros requieren solicitudes específicas que pueden ser denegada.
Impacto en el proceso legislativo
Expertos constitucionalistas advierten que la publicación sistemática podría alterar las dinámicas de asesoramiento. El catedrático Manuel Aragón señala: «El riesgo es que los informes se redacten más para la galería que para el verdadero asesoramiento técnico».
Experiencias comparadas
El modelo propuesto se inspira parcialmente en el Conseil d’État francés, que desde 2015 publica todos sus dictámenes legislativos. Sin embargo, países como Italia mantienen restricciones sobre documentos considerados «preparatorios».
Reacciones de la sociedad civil
Apoyos a la iniciativa
Organizaciones como Access Info Europe y Civio consideran que la medida «mejoraría el escrutinio público de las leyes». Destacan casos como el dictamen sobre la Ley de Transparencia de 2013, que tardó 18 meses en hacerse público tras una larga batalla legal.
Críticas y reservas
La Asociación de Letrados del Consejo de Estado alerta sobre posibles «efectos paralizantes» en la labor consultiva. En un comunicado, piden salvaguardas para proteger la «confidencialidad necesaria en procesos delicados».
Posición de medios de comunicación
El diario El Mundo apoya la reforma como «antídoto contra el opacidad», mientras que Público advierte sobre su posible uso como «arma política contra el Gobierno».
Perspectivas de implementación
Calendario parlamentario
La proposición de ley se debatirá en la Comisión Constitucional a partir de junio. Su aprobación requeriría mayoría absoluta al tratarse de una ley orgánica, escenario improbable sin pactos entre PP y PSOE.
Posibles enmiendas
Fuentes parlamentarias sugieren que podrían incorporarse cláusulas de salvaguarda para:
- Proteger información sensible relacionada con seguridad nacional
- Establecer períodos de embargo para dictámenes estratégicos
- Crear un comité de transparencia interno en el Consejo de Estado
Impacto en la práctica administrativa
Si se aprueba, la reforma obligaría a reestructurar los flujos de trabajo del Consejo de Estado. Actualmente, el órgano emite unos 1,200 dictámenes anuales, de los cuales solo el 23% son publicados proactivamente.
Horizonte político y social
Este debate se enmarca en la creciente demanda de transparencia legislativa a nivel europeo. España ocupa el puesto 19º en el Índice Global de Derecho a la Información, por detrás de países como Serbia y Mongolia según datos de 2024.
La resolución final dependerá de la capacidad de generar consenso entre fuerzas políticas. Mientras el PP insiste en llevar la propuesta al Pleno, el PSOE apuesta por una reforma más moderada dentro del proceso de actualización de la Ley de Transparencia iniciado en 2021.
Expertos en gobernanza como Laura Béres advierten que «sin mecanismos efectivos de cumplimiento, cualquier reforma será papel mojado». La experiencia de los últimos años muestra que el 38% de las resoluciones del Consejo de Transparencia siguen sin aplicarse.
Este pulso político trasciende la actual legislatura, planteando cuestiones fundamentales sobre el equilibrio entre transparencia y eficacia administrativa en el siglo XXI. Su desenlace marcará un precedente para otros órganos consultivos en el sistema institucional español.
