En un fallo histórico que redefine los derechos sociales de la población migrante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional exigir la Clave Única de Registro de Población (CURP) como requisito para acceder a servicios de salud y educación. Esta decisión, emitida el 13 de octubre de 2025, impacta directamente a más de 850,000 personas en situación migratoria irregular, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM).
Fundamento Jurídico del Fallo Transformador
Revisión Constitucional de la Ley General de Salud
La SCJN analizó el artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud que limitaba el acceso al Seguro Popular a personas sin CURP. Los ministros determinaron que esta disposición viola los artículos 1° y 4° constitucionales al crear una discriminación indirecta basada en la situación migratoria. El ministro ponente José Fernando Franco González Salas destacó que «el derecho a la salud es universal e incondicional, no puede subordinarse a requisitos administrativos que vulneren la dignidad humana». La sentencia establece que ningún servicio de salud pública puede negarse por falta de documentos migratorios o de identificación.
Reinterpretación de la Ley de Migración
El fallo obliga a reinterpretar el artículo 52 de la Ley de Migración, eliminando la exigencia de CURP para trámites educativos y médicos básicos. Esto permite a migrantes indocumentados inscribirse en escuelas y recibir atención hospitalaria urgente sin requisitos adicionales.
Impacto Social Inmediato
Acceso Universal a Servicios de Salud
El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) implementará protocolos especiales en sus 23,000 unidades médicas para atender a migrantes sin documentación. Esto incluye acceso a:
- Consultas de medicina general y especializada
- Medicamentos gratuitos para enfermedades crónicas
- Programas de vacunación universal
- Atención obstétrica de emergencia
Matrícula Educativa Simplificada
La Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminará el requisito de CURP para inscripciones escolares en todos los niveles. Se implementará un sistema de identificación alternativo basado en datos biométricos y declaraciones juradas.
Reacciones Institucionales y Sociales
Postura Gubernamental
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el fallo como «un paso hacia la justicia social migrante». Anunció la creación de 45 módulos especiales en fronteras norte y sur para implementar la sentencia.
Organizaciones de la Sociedad Civil
La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) reportó que el 78% de los albergues ya aplican protocolos acordes al fallo. Sin embargo, alertan sobre resistencias burocráticas en estados como Chiapas y Sonora.
Implicaciones Prácticas para Migrantes
Nuevos Mecanismos de Identificación
El Registro Nacional de Población (RENAPO) desarrollará una CURP provisional basada en:
- Datos biométricos faciales y dactilares
- Declaración jurada de identidad
- Código alfanumérico temporal válido por 6 meses
Derechos Laborales Ampliados
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) implementará un programa piloto en 15 estados para contratar migrantes indocumentados en sectores estratégicos mediante:
- Contratos colectivos temporales
- Seguro social sin requisitos migratorios
- Capacitación técnica bilingüe
Perspectivas de Implementación
Retos Operativos
El INM estima necesitar 1,200 millones de pesos para capacitar a 35,000 funcionarios en los nuevos protocolos. El principal desafío será armonizar la normativa federal con reglamentos locales en 12 entidades que aún exigen CURP para servicios básicos.
Proyectos Legislativos en Curso
La Cámara de Diputados analiza reformas a cinco leyes secundarias para:
- Crear el Estatus de Protección Humanitaria Temporal
- Establecer presupuesto etiquetado para salud migrante
- Implementar educación intercultural en zonas fronterizas
Horizonte de Derechos Humanos
Este fallo sienta precedente para futuras demandas sobre acceso a vivienda y servicios financieros. Organismos internacionales como la CIDH ya planean replicar el modelo mexicano en sus informes sobre movilidad humana.
La efectiva implementación dependerá de la creación del Sistema Nacional de Protección Integral Migrante, previsto en la reforma constitucional de 2026. Mientras tanto, organizaciones civiles mantendrán monitoreos ciudadanos en los 45 puntos de mayor flujo migratorio del país.
